Los estragos causados por el huracán «Otis» representan uno de los peores desastres naturales que México ha enfrentado. Según estimaciones de expertos, los daños incluyen la afectación de más de 580,000 personas damnificadas, más de 7,170 hectáreas de construcción dañadas y casi 900 kilómetros de carreteras afectadas. En términos económicos, Fitch Ratings ha declarado que se requerirán más de 16,000 millones de dólares para restablecer la normalidad.
Lamentablemente, la respuesta gubernamental ha sido percibida como tardía, y no se ha delineado un plan claro de reconstrucción para la ciudad. Esto, más allá de las declaraciones de los funcionarios de distintos niveles de gobierno, responde principalmente a fallos en la política pública, tanto en su arquitectura institucional como en sus planes de acción.
Para comprender mejor la situación, es necesario retroceder al año 2000 cuando se promulgó la Ley General de Protección Civil, sentando las bases para una política pública de protección civil en México y adoptando un enfoque preventivo en lugar de reactivo. Sin embargo, una evaluación de los primeros 15 años de implementación de este sistema, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, identificó debilidades en la política pública, como la desactualización del Atlas Nacional de Riesgo, una deficiente cobertura en infraestructura y monitoreo, una escasa vinculación internacional para el intercambio de información y una falta de integración efectiva entre los distintos componentes del sistema, en particular la previsión.
El impacto devastador del huracán «Otis» en Acapulco se explica por varios factores. En primer lugar, existe un Atlas de Riesgos desactualizado, emitido por la Comisión Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en 2021, que no consideraba la posibilidad de huracanes de categoría 4 y 5. Además, no hubo un monitoreo ni una reacción oportuna respecto a la evolución de «Otis» que advirtiera a la población. Tampoco se estableció una vinculación internacional efectiva con centros meteorológicos, como los de Estados Unidos, que habían alertado sobre la evolución y la peligrosidad del fenómeno natural al menos 12 horas antes de su llegada. Por último, la falta de previsión se evidenció no solo en la comunicación a los residentes de Guerrero, sino también en la infraestructura.
La reconstrucción de Acapulco requiere un enfoque que aborde las causas subyacentes de los desastres. Esto implica la regulación o reubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo, una evaluación precisa del peligro de fenómenos similares y la garantía de que la infraestructura futura sea resiliente. La propia Auditoría Superior de la Federación señaló que otro problema clave en la política pública de protección civil era que, al reconstruir, no se había considerado la resiliencia de la infraestructura ante este tipo de fenómenos, lo que provocó daños similares en episodios subsiguientes.
Más allá de las medidas económicas de reactivación y el apoyo gubernamental, es fundamental repensar y priorizar la prevención de futuros desastres.
Acá les dejó el enlace de un documento donde analice la política pública de protección civil en México.